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Proyecto bipartidista para la reforma de inmigración

Authors: Jeb Bush, President, Jeb Bush & Associates LLC, Thomas F. McLarty III, President, McLarty Associates, and Edward Alden, Bernard L. Schwartz Senior Fellow
July 13, 2009
Los Angeles Times

Nuestro sistema de inmigración ha sido defectuoso durante demasiado tiempo, y los costos de ese error aumentan. Es fundamental contar con una política correcta de inmigración para nuestros intereses nacionales: nuestra vitalidad económica, nuestra diplomacia y nuestra seguridad.

En el informe del Grupo de Trabajo Independiente del Council on Foreign Relations sobre la política de inmigración estadounidense publicado la semana pasada, señalamos lo que está en juego para Estados Unidos. El presidente Obama ha dejado claro que la reforma es una de sus más altas prioridades, lo que supone una señal positiva y alentadora.

Durante mucho tiempo, la inmigración ha sido el arma secreta de Estados Unidos. El país ha atraído una enorme cantidad de inmigrantes talentosos y trabajadores, quienes se han visto seducidos por las mejores universidades del mundo, las empresas más innovadoras, un mercado de trabajo vibrante y una cultura que los acoge. Muchos líderes de países aliados se educaron en Estados Unidos, un activo diplomático que ningún otro país puede igualar. Y las contribuciones de los inmigrantes—40% de los doctores en ciencia e ingeniería nacieron en el extranjero—han ayudado a mantener el liderazgo científico y tecnológico, cimiento de nuestra seguridad nacional.

Estados Unidos, sin embargo, ha estado haciendo la vida mucho más difícil a muchos inmigrantes. Prolongados y contraproducentes plazos de espera y retrasos alejan a muchos posibles inmigrantes, o los colocan en un estatus de incertidumbre temporal durante años. En muchos casos, los controles de antecedentes y de seguridad toman demasiado tiempo. Otros países aprovechan estas fallas, y compiten por inmigrantes al abrir sus universidades a los estudiantes extranjeros y brindar una vía más rápida para la residencia permanente y la ciudadanía.

El persistente problema de la inmigración ilegal ha disgustado también a muchos estadounidenses sobre los beneficios de un sistema abierto. La presencia de casi 12 millones de inmigrantes ilegales ha disminuido el respeto a la ley, ha debilitado los derechos laborales, ha tensado nuestras relaciones con México y otras naciones, y se ha convertido en una carga injusta sobre los servicios sociales y educativos en muchos estados.

En un mundo posterior al 11-S, en el que Estados Unidos debe ser capaz de frustrar planes terroristas a manos de extremistas que intenten venir aquí desde el extranjero, la inmigración ilegal también crea un riesgo inaceptable para la seguridad. La inmigración ilegal refleja tanto las deficiencias de nuestro régimen de aplicación de la ley como el fracaso en proporcionar canales legales suficientes para cumplir, en circunstancias económicas normales, las demandas del mercado de trabajo estadounidense.

El Congreso y la administración Obama deben dar un paso hacia adelante en tres frentes: reformar el sistema de inmigración legal de modo que responda más hábilmente a las necesidades del mercado de trabajo y aumente la competitividad estadounidense, restaure la integridad de las leyes de inmigración a través de una aplicación más eficaz, sobre todo en el lugar de trabajo, y ofrezca un modo justo y ordenado para permitir a muchos de aquellos que actualmente viven aqui ilegalmente ganarse el derecho a permanecer legalmente.

Con tales medidas, existen dos objeciones para seguir adelante. Primero, con una recesión tan profunda y una tasa de desempleo que se acerca a 10%, alentar la inmigración parece tener poco sentido en este momento. Es por ello que Estados Unidos necesita un sistema más flexible, adecuado a las variaciones de la economía. La reunificación de la familia sigue siendo una meta básica y valiosa, pero debe permitirse que la inmigración con base en el empleo y los programas de trabajadores temporales fluctúen con los ciclos económicos más que permanecer sujetos a cuotas rígidas. Esto significa que el número de inmigrantes admitidos debería subir cuando la economía crece, pero bajar durante las recesiones.

Segundo, algunos sostienen que esta fórmula repite el error de la ley de reforma de 1986, que no hizo nada para poner un alto a la inmigración ilegal. Pero las actuales circunstancias son muy diferentes. En 1990, Estados Unidos tenía menos de 3.000 agentes en la Patrulla Fronteriza. Hoy actúan cerca de 20.000 agentes, casi el doble sólo en los últimos cuatro años. El Departamento de Seguridad Interior también invierte grandes sumas en vigilancia y otras tecnologías para aumentar el control en las fronteras.

La verificación electrónica—que no existía en los años 90—pronto permitirá una verificación más rápida y precisa en cuanto a que un empleado esté autorizado a trabajar aquí. Nuestro grupo de trabajo recomienda que los empleadores que utilizan este sistema sean recompensados cabalmente, en tanto que las empresas que persisten en contratar inmigrantes ilegales deben enfrentar sanciones más duras, incluidas sanciones penales y la posibilidad de acciones civiles. Esto reducirá considerablemente la capacidad de los inmigrantes de encontrar trabajo en Estados Unidos.

En parte debido a tales medidas, la inmigración ilegal en Estados Unidos ha caído a sus niveles más bajos desde mediados de los años 70. Cuando la economía se recupere, es probable que esos números se eleven. Pero el Congreso y la administración tienen ahora una oportunidad para desarrollar y poner en práctica una estrategia de inmigración para la recuperación, ofreciendo nuevos caminos legales para la inmigración y el trabajo temporal, junto con una aplicación más rigurosa de la ley.

Instamos al Congreso a no seguir repitiendo los viejos debates sobre aplicar primero la ley versus abocarse a una reforma completa. Los intereses nacionales estadounidenses no se verán atendidos a menos que ambas propuestas se consideren prioridades. Nuestro grupo, que incluye demócratas y republicanos, muestra que este consenso es posible. Es el momento de ponernos a trabajar.

Jeb Bush, ex gobernador de Florida, y Thomas F. McLarty III, ex jefe del equipo de colaboradores de la Casa Blanca, copresidentes, y Edward Alden, director, Grupo Independiente de Trabajo sobre Política de Inmigración Estadounidense patrocinado por el Council on Foreign Relations.

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